El estado de sitio en Guatemala pone a prueba la solidez de su democracia frente a una escalada de violencia criminal sin precedentes recientes.
El presidente Bernardo Arévalo decretó un estado de emergencia de 30 días tras graves ataques atribuidos a la banda Barrio 18, recientemente catalogada como organización terrorista.
La decisión respondió, en primer lugar, a motines coordinados en centros penitenciarios, donde el grupo tomó como rehenes a decenas de funcionarios públicos.
Posteriormente, tras la intervención estatal y la liberación de los rehenes, la organización criminal lanzó ataques en la vía pública que causaron la muerte de diez policías. Ante esa escalada, el Ejecutivo amplió temporalmente las facultades de la Policía Nacional y del Ejército para contener la violencia y restablecer el orden.
Sin embargo, el Congreso actuó de inmediato y aprobó el decreto casi por unanimidad, aunque introdujo límites claros a las restricciones.
En ese sentido, los legisladores descartaron un toque de queda general y garantizaron la continuidad de las actividades públicas y servicios esenciales.
Además, establecieron que las medidas solo se apliquen cuando resulten estrictamente necesarias, preservando así un margen para la vida social y económica. A diferencia del modelo salvadoreño, Guatemala optó por restricciones acotadas, temporales y sometidas a supervisión legislativa constante.
Según Orlando J. Pérez, profesor de ciencias políticas, incluso los críticos reconocen que el país evita detenciones masivas o poderes ilimitados para el Ejecutivo. No obstante, la gestión de la crisis enfrenta obstáculos estructurales, especialmente en un sistema judicial marcado por corrupción y bloqueos institucionales.
En ese contexto, Pérez advierte que las medidas excepcionales suelen sustituir a la justicia ordinaria cuando esta no logra castigar la violencia. Desde el plano internacional, Estados Unidos respalda al gobierno, aunque condiciona su apoyo a avances concretos en seguridad y gobernabilidad democrática.
Como parte de esa cooperación, Guatemala aceptó aumentar vuelos de deportación y ampliar la repatriación de migrantes de otras nacionalidades. Además, un nuevo acuerdo comercial bilateral vincula directamente la relación económica con estándares de seguridad nacional.
Pese a ello, persiste el temor social de que las medidas de excepción se normalicen y se conviertan en una práctica recurrente. Analistas coinciden en que la verdadera prueba será restablecer la legalidad plena sin erosionar las bases democráticas del país.
Referencia
Almirón, C. (2026, 28 enero). El estado de sitio en Guatemala pone a prueba su democracia. Infobae. https://www.infobae.com/guatemala/2026/01/28/el-estado-de-sitio-en-guatemala-pone-a-prueba-su-democracia/