La reunión entre Donald Trump y los principales ejecutivos de las grandes petroleras del mundo confirma que la intervención en Venezuela no solo fue un giro político, sino el inicio de una ambiciosa reconfiguración energética bajo liderazgo estadounidense. El plan presentado desde la Casa Blanca es claro: reconstruir la industria petrolera venezolana con inversiones privadas que podrían superar los 100.000 millones de dólares, a cambio de acceso privilegiado a las mayores reservas de crudo del planeta. Sin embargo, detrás del discurso de oportunidad y reconstrucción, aflora una tensión central: las empresas dudan de la estabilidad política, de la seguridad jurídica y de la viabilidad de recuperar inversiones en un país marcado por expropiaciones, corrupción y colapso institucional.
El escepticismo empresarial contrasta con la presión política de Washington. Trump apeló al “interés nacional” y dejó claro que espera lealtad estratégica de las petroleras, prometiendo protección estatal sin precisar si esta será legal, financiera o incluso militar. La insistencia en que China o Rusia habrían ocupado ese espacio refuerza la lectura geopolítica del proyecto: más que un rescate económico de Venezuela, se trata de una carrera por controlar recursos estratégicos y expulsar a competidores globales. En este contexto, la reconstrucción energética aparece subordinada a la lógica de poder y a la competencia entre grandes potencias, no a una transición soberana venezolana.
Las posiciones de las empresas reflejan esa ambigüedad. Chevron, con presencia histórica en el país, se muestra dispuesta a optimizar lo ya existente, mientras que Exxon recuerda las nacionalizaciones y se niega a volver sin cambios profundos. Repsol, por su parte, adopta un tono pragmático: ofrece triplicar su producción si existen condiciones legales claras, al tiempo que reconoce que su permanencia ha sido clave para sostener parte del sistema eléctrico venezolano. El mensaje implícito es que la industria no se opone al negocio, pero exige reglas estables, algo difícil de garantizar en un país bajo tutela externa y estado de excepción.
En el fondo, lo que se perfila es un modelo de control indirecto del sector petrolero venezolano, donde Estados Unidos decide los flujos, supervisa las ventas y condiciona las inversiones, mientras las empresas asumen un rol casi cuasi-gubernamental. La promesa de bajar los precios del combustible en EE UU y asegurar réditos electorales internos termina de cerrar el círculo: Venezuela reaparece como pieza clave de una estrategia energética, económica y política que prioriza intereses estadounidenses. La pregunta de fondo, si esta “reconstrucción” beneficiará realmente al pueblo venezolano o reproducirá nuevas formas de dependencia queda, por ahora, sin respuesta.
Referencia:
González, J. S. (2026, Enero 9). Trump insta a las petroleras a invertir 100.000 millones de dólares en Venezuela para controlar la industria. El País. https://elpais.com/internacional/2026-01-09/trump-insta-a-las-petroleras-a-invertir-100000-millones-en-venezuela-para-controlar-la-industria.html