Criminalización y uso del sistema judicial.
La ONU identificó la persecución judicial de activistas, líderes indígenas, abogados y periodistas que denuncian impactos relacionados con actividades empresariales. Entre los cargos utilizados se encuentran terrorismo, asociación ilícita, usurpación agravada y extorsión. Los expertos expresaron especial preocupación por el posible uso del sistema judicial como mecanismo para atacar a defensores y limitar la oposición. Por ello, solicitaron al recién nombrado fiscal general del Ministerio Público, Gabriel García Luna, revisar prioritariamente los casos relacionados con esta práctica. También señalaron que empresas privadas pueden ejercer influencia indebida sobre procesos legislativos, administrativos y judiciales.
Derechos indígenas, ambiente y condiciones laborales.
El informe también advierte sobre graves problemas ambientales y laborales. Más del 90% de las fuentes de agua de Guatemala están contaminadas, situación relacionada con actividades mineras, proyectos hidroeléctricos, monocultivos y uso de plaguicidas. Los pueblos indígenas representan cerca del 44% de la población, pero las consultas comunitarias establecidas por el Convenio 169 de la OIT rara vez se realizan antes de conceder licencias. Además, se documentaron accidentes laborales mortales, jornadas extensas, trabajo infantil y retención de cotizaciones sociales, especialmente en palma de aceite, banano, caña de azúcar y minería.
Avances gubernamentales y desafíos estructurales.
La ONU reconoció algunos avances del Gobierno guatemalteco, entre ellos la Política Pública de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos 2025-2035, medidas contra el trabajo forzoso y la trata, y el desarrollo de un futuro Plan de Acción Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos. También destacó que algunas empresas han adoptado políticas internas de derechos humanos y mecanismos de diálogo con comunidades indígenas. Sin embargo, los expertos consideran insuficientes estas medidas debido a problemas estructurales como la debilidad institucional, las deficiencias de independencia judicial, la baja recaudación tributaria y la desigualdad.
Una protección que requiere acciones inmediatas.
El balance de la visita señala que Guatemala necesita fortalecer la protección de quienes defienden los derechos humanos y garantizar una mayor rendición de cuentas empresarial. Los expertos pidieron implementar mecanismos que aseguren el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas, mejorar las condiciones laborales y fortalecer la regulación ambiental. También cuestionaron el impacto de los arbitrajes internacionales sobre las finanzas públicas. Aunque reconocieron esfuerzos estatales y empresariales, concluyeron que todavía se requieren acciones adicionales para garantizar la aplicación efectiva de los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos.
Referencia
Menchú, S. (2026, 28 de agosto). La ONU califica de “alarmante” la persecución de defensores de Derechos Humanos en Guatemala. EL PAÍS. https://elpais.com/america/2026-08-29/la-onu-califica-de-alarmante-la-persecucion-de-defensores-de-derechos-humanos-en-guatemala.html?event_log=go