Fin del financiamiento agrava la crisis.
Miles de niños migrantes no acompañados en Estados Unidos podrían quedarse sin representación legal tras el vencimiento de los contratos financiados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS). Desde 2003, estos recursos permitían que alrededor de 100 organizaciones brindaran asistencia jurídica a menores en procesos migratorios. Sin embargo, la suspensión de más de 65 millones de dólares en fondos ha obligado a numerosas organizaciones a reducir servicios, rechazar nuevos casos e incluso cerrar operaciones.
Menores afrontan procesos migratorios complejos.
La pérdida de abogados afecta a niños y adolescentes que buscan asilo, protección por abandono familiar o reconocimiento como víctimas de trata. Estos procedimientos requieren conocimientos jurídicos especializados y resultan prácticamente imposibles de enfrentar sin apoyo profesional. Organizaciones como Acacia Center for Justice advierten que cerca de 20.000 menores representados por su red podrían quedar sin defensa, mientras las autoridades aún no presentan un plan claro para garantizar la continuidad de la asistencia legal.
Organizaciones denuncian prácticas coercitivas.
Diversos abogados han documentado interrogatorios prolongados y presiones hacia menores bajo custodia para que acepten regresar a sus países de origen. También reportan casos de adolescentes separados nuevamente de sus familias, multas migratorias de hasta 5.000 dólares y obstáculos para acceder a beneficios legales. Según las organizaciones, estas prácticas generan ansiedad, afectan la salud mental de los niños y comprometen su derecho al debido proceso, especialmente cuando enfrentan entrevistas o audiencias sin representación.
La falta de recursos pone en riesgo a las organizaciones.
Las organizaciones que ofrecen defensa jurídica continúan operando gracias a reservas económicas y donaciones, aunque muchas reconocen que esa situación es insostenible. Algunas mantienen cientos de casos abiertos mientras el Gobierno federal les adeuda millones de dólares. Además, los abogados enfrentan un aumento de procedimientos acelerados, como entrevistas de asilo concentradas en pocas semanas, justo cuando disminuyen los recursos para acompañar a los menores durante estos procesos.
El debido proceso queda bajo amenaza.
Especialistas sostienen que retirar el acceso a abogados incrementa considerablemente el riesgo de deportación para miles de niños migrantes. También advierten que los largos periodos de permanencia en custodia federal, que ya superan ampliamente los registrados en años anteriores, deterioran el bienestar psicológico de los menores. Para las organizaciones defensoras, garantizar asistencia jurídica no solo protege derechos fundamentales, sino que constituye un elemento indispensable para que los niños comprendan y puedan ejercer las opciones legales que les reconoce la legislación estadounidense.
Referencia
Clarembaux, P. (2026, 29 de julio). Miles de niños migrantes están en riesgo de quedarse sin abogados: “Quieren meterlos en la maquinaria de deportación”. El País. https://elpais.com/us/migracion/2026-07-30/miles-de-ninos-migrantes-estan-en-riesgo-de-quedarse-sin-abogados-quieren-meterlos-en-la-maquinaria-de-deportacion.html