El Gobierno italiano de Giorgia Meloni ha dado un paso decisivo hacia una política migratoria mucho más restrictiva al aprobar un proyecto de ley que permite imponer bloqueos navales y aplicar de inmediato las nuevas normas europeas que limitan el derecho de asilo. La medida autoriza impedir la entrada de embarcaciones (incluidos barcos de ONG que rescatan migrantes) en aguas territoriales italianas durante periodos de uno a seis meses, bajo argumentos de seguridad, orden público o presión migratoria “excepcional”. Las sanciones por incumplir el bloqueo incluyen multas elevadas y el posible decomiso de las naves, lo que marca un endurecimiento sin precedentes en la estrategia italiana contra la migración irregular.
La iniciativa ha generado fuertes críticas legales, ya que juristas advierten que el bloqueo naval podría violar el derecho internacional y la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, que protege el paso de embarcaciones inofensivas y obliga a auxiliar a personas en peligro en el mar. Además, la ley prevé enviar migrantes interceptados a “terceros países seguros”, reactivando el polémico modelo de deportaciones a Albania, que hasta ahora había fracasado por decisiones judiciales. Con el respaldo de la nueva lista europea de países considerados seguros (como Bangladesh, Egipto, Marruecos o Túnez) Italia busca acelerar rechazos de solicitudes de asilo y externalizar la gestión migratoria.
Este giro se inscribe en un contexto político más amplio: el endurecimiento de las políticas migratorias en la Unión Europea. Lo que antes era una posición asociada al populismo italiano se está convirtiendo en una tendencia europea, impulsada por alianzas entre conservadores, extrema derecha y sectores de partidos tradicionales. Meloni interpreta este cambio como una victoria ideológica y política, y ha actuado con rapidez para adaptar la legislación italiana al nuevo marco europeo, anticipándose incluso a la entrada en vigor formal del pacto migratorio de la UE.
Sin embargo, la aplicación de estas medidas promete abrir nuevos conflictos con jueces, ONG y socios europeos, además de reavivar debates sobre derechos humanos y soberanía jurídica. El proyecto de ley también restringe recursos legales contra deportaciones, endurece normas en centros de repatriación y amplía las causas de expulsión, consolidando un modelo de control migratorio más punitivo. En el fondo, el caso italiano refleja una transformación estructural de la política migratoria europea: el paso de un enfoque humanitario a uno securitario, con profundas implicaciones políticas, legales y éticas para el futuro de la Unión Europea.
Referencia:
Domínguez, Í. (2026, Febrero 11). Meloni reactiva las deportaciones de migrantes a Albania y la posibilidad de bloquear barcos de rescate. El País. https://elpais.com/internacional/2026-02-11/meloni-reactiva-las-deportaciones-de-migrantes-a-albania-y-la-posibilidad-de-bloquear-buques-de-rescate.html